Por prensa de
la Unidad de víctimas
En La
Macarena, municipio del Meta, 119 sobrevivientes del conflicto armado
recibieron su carta de indemnización administrativa, en jornada que se realizó
en las instalaciones del colegio Nuestra Señora de La Macarena.
“En este
pueblo el conflicto se vivió fuertemente. Yo perdí a mi hijo y a mi esposo y
una hija quedó afectada por una bala que quedó dentro de su cuerpo. Con el
proceso que adelantamos con la Unidad nació en nosotros un deseo de perdón”,
señaló Meredith Amado Saveedra, beneficiaria de la jornada.
Ella vive en
la zona urbana del municipio desde hace más de 30 años. Allí resistió no solo a
la pérdida de sus seres queridos, sino que con mucho esfuerzo ha logrado sacar
adelante a sus seis hijas. “Siempre he querido lo mejor para ellas, así que le
hemos apostado a la educación para que tengan más oportunidades de empleo y que
puedan superar los hechos que marcaron nuestra vida años atrás”, dijo.
Sobre el
recurso recibido como compensación del Estado colombiano, indicó que esperan
apostarle a un emprendimiento familiar que les permita generar mayores
ingresos.
Con esa misma
actitud Gladys Guiza González, residente de la Vereda Santa Teresa, recibió la
reparación económica con su núcleo familiar. “Vamos a invertir el dinero en la
compra de ganado. Tenemos todo el deseo de salir adelante y esta es una
oportunidad única para hacerlo”, expresó.
Con este pago
de indemnizaciones se entregaron más de 422 millones de pesos que impulsarán
los planes de vida y proyectos productivos de quienes vivieron en carne propia
el peso de la guerra en este territorio, en el que hay más de 2000 sujetos de
atención y reparación, según el Registro Único de Víctimas.
Los
beneficiarios habían sido parte de la estrategia de “Convivencia y paz” de
2017, desarrollada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz de La
Habana. El objetivo era construir relaciones en territorio y trabajar en la
reparación integral a las víctimas de zonas que fueron altamente afectadas por
la violencia en Colombia, en alianza con la Alta Consejería para el
Posconflicto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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diagramación: Bersoahoy.co