Por: LIBARDO CARDONA | Associated Press
(Yahoo noticias) BOGOTA,
Colombia (AP) — Un coronel en retiro del Ejército colombiano acusó de nuevo el
miércoles a un general de haber permitido en los años 90 una masacre de
campesinos en el sureste del país a manos de paramilitares.
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| General (r) Jaime Uscátegui |
El caso de la masacre de
Mapiripán es uno de los más emblemáticos de violaciones de derechos humanos por
el accionar paramilitar de aquellos años en Colombia, mientras el general en
retiro Jaime Uscátegui, ya condenado por aquella matanza, siempre ha alegado su
inocencia con el argumento de que la zona de Mapiripán no estaba bajo su
jurisdicción.
Sin embargo, el coronel en
retiro Hernán Orozco Castro en una entrevista el miércoles con la radio La W
aseguró que Uscátegui "no quiso evitar" entre el 15 y el 20 de julio
de 1997 la masacre en Mapiripán, en el departamento de Meta y a unos 300
kilómetros al sureste de Bogotá.
En noviembre de 2009, tanto
Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de
prisión como responsables de la matanza. Desde entonces Uscátegui está detenido
en una guarnición militar de la capital colombiana a espera de que la Corte
Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual
absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados
Unidos.
Uscátegui, comandante de la
VII Brigada del Ejército en el momento de la matanza, "pudo haber evitado
esa masacre, que él no quiso evitar... Desconozco las razones por las
cuales" lo hizo, aseguró Orozco en la mencionada entrevista.
"Nadie debe ser castigado
por el crimen de otro", sostuvo Orozco cuando le preguntaron porqué no
venía a Colombia a cumplir con su condena. El oficial en retiro publicó a
finales de 2012 un libro electrónico titulado "Mapiripán, sin perdón y sin
olvido", en el que cuenta su versión sobre la masacre.
Las autoridades colombianas
han dicho que a mediados de julio de 1997 un grupo de paramilitares incursionó
en Mapiripán y, con lista en mano, empezó a asesinar durante cinco días a
algunos de sus habitantes.
El juez de la Mapiripán,
Leonardo Cortés, puso al tanto de la situación a Orozco --entonces comandante
encargado de un batallón militar en una localidad cercana a la de la matanza--,
quien a su vez informó de lo que estaba sucediendo al que él dice era su jefe
inmediato: el general Uscátegui.
Para Orozco, "la opinión
pública está 'uscateguizada" por la defensa que, según dijo, han asumido
los hijos mayores del general condenado. "Cualquiera (que lea el libro)
puede concluir que la verdad está de parte de mía y no del general".
Agregó que recusó, porque
"dudo de su imparcialidad", al jurista Fernando Castro Caballero,
magistrado de la Corte Suprema que resolvería el caso de Uscátegui. En
noviembre de 2011 Castro le negó a Orozco la última posibilidad de que la Corte
Suprema revisara su caso.
"Dudo mucho (de) que los
magistrados (de la Corte) se dejen influenciar por mi libro", añadió
Orozco, quien insistió en que Uscátegui "no se merece" una absolución
"porque posibilitó la masacre".
"No veo nada nuevo"
en las declaraciones de Orozco ni en su libro, dijo telefónicamente José Jaime
Uscátegui, el mayor de los cuatro hijos del general.
Lo de Orozco "es lo mismo
que está diciendo desde el año 99", insistió. Aunque Orozco "debe
saber muchísimo de lo que sucedió detrás de la masacre", enfatizó
Uscátegui hijo, un internacionalista de 31 años.
El abogado Alirio Uribe, del no
gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y quien
representa a las víctimas de la masacre, dijo telefónicamente que
"nosotros seguimos en la misma posición y es con base en las decisiones
judiciales que han salido" señalando la responsabilidad del general
condenado.
Uribe rechazó versiones en
torno a que el Colectivo ayudó al coronel Orozco a conseguir refugio en Estados
Unidos.
La cifra de víctimas mortales
en Mapiripán fue ubicada por las autoridades inicialmente en 49, pero a finales
de 2011, tras la confesión de una mujer que dijo que tres parientes suyos en
realidad no fueron asesinados sino que estaban desaparecidos o habían muerto
antes de la matanza, el número exacto no ha sido definido.
Sobre el número de muertos en
la masacre de Mapiripán, el abogado Uribe recordó que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos le ordenó recientemente al Estado colombiano establecer la
veracidad del número de víctimas.
En 2005 la CIDH condenó al
Estado colombiano porque, por acción u omisión, algunos de sus agentes
permitieron o fueron partícipes de la mencionada matanza.
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