Acusado de nuevo el general ® Jaime Uscátegui por masacre en Mapiripan Meta

Por:  LIBARDO CARDONA | Associated Press
General (r) Jaime Uscátegui
(Yahoo noticias) BOGOTA, Colombia (AP) — Un coronel en retiro del Ejército colombiano acusó de nuevo el miércoles a un general de haber permitido en los años 90 una masacre de campesinos en el sureste del país a manos de paramilitares.
El caso de la masacre de Mapiripán es uno de los más emblemáticos de violaciones de derechos humanos por el accionar paramilitar de aquellos años en Colombia, mientras el general en retiro Jaime Uscátegui, ya condenado por aquella matanza, siempre ha alegado su inocencia con el argumento de que la zona de Mapiripán no estaba bajo su jurisdicción.
Sin embargo, el coronel en retiro Hernán Orozco Castro en una entrevista el miércoles con la radio La W aseguró que Uscátegui "no quiso evitar" entre el 15 y el 20 de julio de 1997 la masacre en Mapiripán, en el departamento de Meta y a unos 300 kilómetros al sureste de Bogotá.
En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la matanza. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar de la capital colombiana a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.
Uscátegui, comandante de la VII Brigada del Ejército en el momento de la matanza, "pudo haber evitado esa masacre, que él no quiso evitar... Desconozco las razones por las cuales" lo hizo, aseguró Orozco en la mencionada entrevista.
"Nadie debe ser castigado por el crimen de otro", sostuvo Orozco cuando le preguntaron porqué no venía a Colombia a cumplir con su condena. El oficial en retiro publicó a finales de 2012 un libro electrónico titulado "Mapiripán, sin perdón y sin olvido", en el que cuenta su versión sobre la masacre.
Las autoridades colombianas han dicho que a mediados de julio de 1997 un grupo de paramilitares incursionó en Mapiripán y, con lista en mano, empezó a asesinar durante cinco días a algunos de sus habitantes.
El juez de la Mapiripán, Leonardo Cortés, puso al tanto de la situación a Orozco --entonces comandante encargado de un batallón militar en una localidad cercana a la de la matanza--, quien a su vez informó de lo que estaba sucediendo al que él dice era su jefe inmediato: el general Uscátegui.
Para Orozco, "la opinión pública está 'uscateguizada" por la defensa que, según dijo, han asumido los hijos mayores del general condenado. "Cualquiera (que lea el libro) puede concluir que la verdad está de parte de mía y no del general".
Agregó que recusó, porque "dudo de su imparcialidad", al jurista Fernando Castro Caballero, magistrado de la Corte Suprema que resolvería el caso de Uscátegui. En noviembre de 2011 Castro le negó a Orozco la última posibilidad de que la Corte Suprema revisara su caso.
"Dudo mucho (de) que los magistrados (de la Corte) se dejen influenciar por mi libro", añadió Orozco, quien insistió en que Uscátegui "no se merece" una absolución "porque posibilitó la masacre".
"No veo nada nuevo" en las declaraciones de Orozco ni en su libro, dijo telefónicamente José Jaime Uscátegui, el mayor de los cuatro hijos del general.
Lo de Orozco "es lo mismo que está diciendo desde el año 99", insistió. Aunque Orozco "debe saber muchísimo de lo que sucedió detrás de la masacre", enfatizó Uscátegui hijo, un internacionalista de 31 años.
El abogado Alirio Uribe, del no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y quien representa a las víctimas de la masacre, dijo telefónicamente que "nosotros seguimos en la misma posición y es con base en las decisiones judiciales que han salido" señalando la responsabilidad del general condenado.
Uribe rechazó versiones en torno a que el Colectivo ayudó al coronel Orozco a conseguir refugio en Estados Unidos.
La cifra de víctimas mortales en Mapiripán fue ubicada por las autoridades inicialmente en 49, pero a finales de 2011, tras la confesión de una mujer que dijo que tres parientes suyos en realidad no fueron asesinados sino que estaban desaparecidos o habían muerto antes de la matanza, el número exacto no ha sido definido.
Sobre el número de muertos en la masacre de Mapiripán, el abogado Uribe recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó recientemente al Estado colombiano establecer la veracidad del número de víctimas.
En 2005 la CIDH condenó al Estado colombiano porque, por acción u omisión, algunos de sus agentes permitieron o fueron partícipes de la mencionada matanza.

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