Alan Jara Urzola |
Bogotá, febrero de 2018. - La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol.
En el caso
del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda
Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el
Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el
secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador
ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor
Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.
El ente de
control busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en la
administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y a la Gobernación del Meta.
Al parecer,
los accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con
obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero,
lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial
para el departamento.
En el caso de
Llanopetrol investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones
crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del
departamento.
Por este caso
se investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías
Carreño; exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de
la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
Entre las
pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el
exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su
totalidad.
Según el
informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta,
la gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo
un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno,
y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.
El ente de
control ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de
esclarecer los hechos objeto de investigación. Fuente: PGN. Adecuación de
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